Se busca que allí donde el empleador se niegue a pagar la indemnización al momento del despido y el caso se judicialice, el monto a cobrar por el trabajador despedido no pierda poder adquisitivo por la inflación acumulada durante el transcurso del juicio.
La propuesta apunta además a equiparar la tasa que se aplica en provincia con la que actualmente existe en la Ciudad de Buenos Aires, dónde ante las mismas condiciones y circunstancias, un trabajador cobra más por su despido.
Con la sanción de esta ley se evitará lo que sucede hoy en día en los juicios laborales que ocurren en Provincia, dónde la tasa de interés pasiva genera que al finalizar un juicio de 5 o 6 años, la indemnización que cobra el trabajador sea mucho menor, en términos reales, que la que le correspondía al momento de su desvinculación.
En el día de ayer, la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado Eslaiman, aprobó dicha iniciativa, la cual ahora deberá debatirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La diputada Maite Alvado, autora junto a la diputada Soledad Alonso, expuso los fundamentos jurídicos y económicos sobre la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) al monto del juicio, resaltando que “es urgente y necesario reparar esta injusticia, posibilitando un monto de indemnización que vaya en sintonía con los niveles de inflación que estamos manejando y así evitar la pérdida del valor del crédito laboral, más aún ante la cantidad de despidos que ya están sucediendo”.
