El secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández, y el jefe de la Superintendencia Federal de Bomberos, Alejandro Javier Carella, recibieron a una delegación de familiares de las diez víctimas del incendio y derrumbe, ocurrido el 5 de febrero de 2014 en el barrio porteño de Barracas, luego del reciente fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que habilitó como querellantes a los familiares de las víctimas.
“Esta reunión que hicimos hoy con los familiares, el jefe de la Policía Federal, el superintendente de Bomberos y Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es para afirmar con certeza que el Ministerio de Seguridad y la PFA van a poner a disposición del Poder Judicial todos los elementos que sean necesarios en su búsqueda de verdad y justicia. Es hora de que quede claro cuáles fueron las responsabilidades y puedan redimirse”, aseguró el secretario Gabriel Fuks.
En el encuentro, realizado en el Departamento Central de la Policía Federal, participaron también los legisladores porteños del bloque del Frente de Todos, Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés.
Los funcionarios nacionales y porteños escucharon a Jorge Campos, Gerardo Conesa, Ariel Veliz y Ricardo Martinez, en representación de los diez trabajadores que perdieron la vida durante las tareas de rescate y combate del fuego en el depósito de la filial argentina de Iron Mountain.
“La reunión fue muy productiva y sabemos que contamos con el apoyo de la Policía Federal y sus bomberos. Para nosotros es fundamental que se sepa fue un incendio intencional. Queremos la verdad y el porqué. Queremos justicia y la verdad de porqué nuestros seres queridos no están más con nosotros”, detalló Jorge Campos, padre del bombero de la Policía Federal Sebastián Campos.
“Vinimos al Ministerio de Seguridad a acompañar a los familiares a esta celebración que es el acto de justicia que, gracias al fallo de Casación, los familiares puedan volver al expediente y sepan qué sucedió con sus seres queridos y qué grado de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al no haber entregado el expediente de habilitación en el cual se permitió el funcionamiento de la planta de Iron Mountain”, concluyó el legislador porteño, Juan Manuel Valdés.
