Dichas familias fueron adjudicatarias de esos departamentos en un sorteo del Plan Procrear, recientemente disuelto por el gobierno de Javier Milei.
Se espera que en las próximas horas más familias concurran a la Defensoría del Pueblo local y, representadas por García y abogados del organismo, presenten una demanda judicial conjunta contra el gobierno nacional para recuperar sus viviendas.
El Defensor del Pueblo de Avellaneda afirmó que “lo que está ocurriendo con las 160 familias adjudicatarias del predio Sagol I no tiene otro nombre que estafa. Una estafa doble, sucia, de la cual fue parte el gobierno nacional y el Banco Hipotecario S.A., que reparten responsabilidades como si fueran volantes, pero no entregan soluciones".
García agregó que "es un desprecio absoluto hacia la gente, hacia sus derechos a una vivienda, para sus esfuerzos y para todos los años que esperaron".
