En tal sentido, el Defensor agregó que “la posibilidad de revisar las redes sociales sin autorización judicial, o la detención de personas por su vestimenta o cara, y la inspección de pertenencias sin orden previa, son características de un régimen represivo que persiguió, torturó y desapareció a miles de argentinos por sus ideas políticas”.
Daniel García explicó que “el decreto, también habilita la represión en manifestaciones sin orden judicial. Esta forma recuerda los protocolos represivos implementados por los gobiernos de facto. La criminalización de la protesta social, la persecución de quienes ejercen su derecho a la libre expresión y la utilización de la fuerza para disuadir la disidencia, son características de regímenes autoritarios, que no deberían tener lugar en una democracia consolidada”.
El Defensor del Pueblo de Avellaneda finalizó afirmando que “la democracia argentina no debe ser puesta en peligro por medidas que atentan contra su esencia. La historia nos enseñó que la vigilancia sin control, la represión sin límites y la persecución de la disidencia, son caminos que conducen a la oscuridad. Hoy más que nunca, debemos defender la libertad, la justicia y la memoria”.
