El Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús, a cargo del juez Maximiliano Alberto Ceballos, ordenó restablecer el servicio de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a las oficinas de la sede del Municipio de Avellaneda en la avenida Güemes 835, tras considerar que el acceso al agua potable es un derecho social fundamental y el Ejecutivo no puede desempeñar sus tareas habituales sin el servicio.
El conflicto se originó debido a una presunta falta de pago de los servicios de agua corriente por parte del municipio, pero la documentación presentada por la gestión de Jorge Ferraresi demostró que se habían realizado compensaciones entre las partes. Además, los actos administrativos del municipio se consideraron legítimos y con fuerza ejecutoria.
La Justicia consideró que la presentación de la documentación en la causa que había iniciado el gobierno de Avellaneda, da cuenta de que la Municipalidad no tiene moras en el pago del servicio que brinda AySA, empresa que actualmente dirige Alejo Maxit.
El municipio sostuvo que los argumentos por falta de pago que esgrimió la compañía no son ciertos, ya que esas facturas fueron compensadas en el marco de las facultades atribuidas por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades, y aseguraron que las órdenes de pago habían sido emitidas correctamente a AySA.
Mientras la empresa amenaza con cortar el servicio en otras reparticiones municipales, la Justicia consideró que se encuentra involucrado un derecho social fundamental, dado que sin él la “vida misma y las actividades productivas o gubernamentales no serían posibles”, y señaló que es por ello que el Estado debe garantizarlo.
