La Asociación Trabajadores del Estado - Capital Federal (ATE Capital) impulsó una acción judicial colectiva para frenar los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público, denunciando su aprobación en un proceso viciado por corrupción. Como resultado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dio lugar a la presentación y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, en un plazo de cinco días, brinde explicaciones sobre las condiciones en que se sancionó la Ley 27.742.
La resolución judicial reconoce que existen serias sospechas sobre la legalidad del trámite legislativo que dio origen a la norma, especialmente en relación con el voto clave del entonces senador Edgardo Kueider, quien fue detenido posteriormente con una suma de dólares no declarados y hoy enfrenta causas penales por presunto cohecho.
ATE Capital sostiene que ese voto —que generó el empate necesario para que la vicepresidenta Victoria Villarruel definiera la votación— fue resultado de hechos de corrupción de público conocimiento, y que, por lo tanto, debe considerarse nulo de nulidad absoluta.
“Estamos ante una ley sancionada en condiciones espurias. No se trata solo de una reforma regresiva para el empleo público: es una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento. El Poder Judicial debe actuar y garantizar el Estado de derecho”, expresaron desde ATE Capital.
Una reforma que vulnera derechos laborales
El capítulo IV de la Ley Bases modifica profundamente el régimen de empleo público, reformando diez normas clave, entre ellas nueve artículos de la Ley 25.164 (Marco de Regulación del Empleo Público Nacional) y uno de la Ley 24.185, afirman desde el sindicato.
"Entre los cambios más graves, se habilita la posibilidad de declarar en disponibilidad a trabajadorxs estatales por causas tan amplias como 'dotación excedida', sin la obligación de demostrar una real reorganización del Estado. Esto pone en riesgo la estabilidad laboral, consagrada constitucionalmente, y debilita la organización sindical", advierte ATE.
Además, la acción de ATE denuncia que esta reforma representa un retroceso inconstitucional en materia de derechos laborales, amparado en una lógica de ajuste y achicamiento del Estado que afecta directamente el funcionamiento de áreas esenciales para la ciudadanía.
Un hecho judicial sin precedentes recientes
El fallo firmado por el juez Diego Martín Cormick reconoce la legitimidad de la acción colectiva impulsada por ATE Capital y sugiere que los hechos denunciados presentan verosimilitud en el derecho invocado, al afirmar que “es evidente que existe un vicio en la formación y sanción de la Ley 27.742”.
La resolución también destaca que se cumplen los tres requisitos establecidos por la Corte Suprema en el fallo “Halabi” para habilitar este tipo de acciones: una causa común, efectos homogéneos sobre un colectivo claramente identificable y la falta de vías individuales eficaces.
Próximos pasos
El Poder Ejecutivo tiene cinco días hábiles para responder al requerimiento judicial. De no hacerlo de manera satisfactoria, la causa podría escalar y derivar en la suspensión del capítulo referido al empleo público.
Desde ATE Capital ratifican su compromiso con la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs y advierten que seguirán impulsando todas las acciones legales y gremiales necesarias para impedir que una ley nacida en la ilegalidad se imponga por la fuerza de la corrupción.
“No vamos a permitir que se naturalice una reforma regresiva y manchada de coimas. Esta ley no solo ataca el empleo público, sino que pone en jaque el funcionamiento democrático”, concluyeron.
