GALPERÍN MIENTE. Los cobros de programas sociales, asignaciones y prestaciones sociales están bancarizados y cada mamá, pibe estudiante y trabajador de la economía popular posee una tarjeta personal para acceder a sus ingresos.
GALPERÍN MIENTE haciéndose el canchero cuando dice que su empresa va a otorgar el servicio de billetera virtual gratis. Esta medida trae como consecuencia una transferencia de recursos del sistema bancario a las fintech, como Mercado Libre, en especial de la banca pública nacional. La billetera virtual de Mercado Libre otorga hoy un rendimiento de 71,1% anual sobre los fondos ingresados. Esto es un rendimiento mensual de 5,1%, menos de la mitad de la tasa de inflación, sacando un 100% de beneficio “con la nuestra”, convirtiéndose en un ariete del proceso de licuación de ingresos y ahorros de los argentinos.
GALPERÍN aplaude desde la tribuna el ajuste fiscal que Milei está haciendo sobre el pueblo argentino y se mofa diciendo que “reducir el peso del Estado aumenta la generación de empleo”.
GALPERÍN omite decir que su empresa recibe USD 100 millones por año de subsidios impositivos que el Estado Argentino le otorga. Los beneficios impositivos, son, mirando la otra cara de la moneda, gastos tributarios, es decir representan ingresos que deja de percibir el Estado Argentino, lo cual pone en discusión otra forma de reducir el déficit fiscal.
Al tipo de cambio actual, los beneficios percibidos por la empresa de GALPERÍN por parte del Estado Argentino equivalen a 583.000 jubilaciones mínimas; 2,380.952 asignaciones universales por hijo; 495.000 salarios mínimos, vitales y móviles; 986.000 prestaciones por desempleo; 1.282.000 salarios, sociales, complementarios.
Las declaraciones y provocaciones del dueño de la empresa local de mayor valor, que se sirve del Estado para maximizar sus beneficios, abre la necesidad de discutir una reforma y simplificación tributaria para que paguen más quienes más ganan; una reforma financiera acorde a estos tiempos que implique la derogación de la ley de entidades financieras de la dictadura permitiendo canalizar el ahorro nacional para potenciar la inversión productiva y la necesidad de tener un Estado organizado que conduzca un proyecto de desarrollo industrial.
