La normativa fue sancionada por 53 votos afirmativos y tres abstenciones durante la sesión ordinaria del Parlamento porteño.
La propuesta incluyó que 80 de las más de 1.000 gestiones que se tramitan en todas las dependencias que componen la administración porteña dejen de tener costo para el vecino y que otros ocho sean eliminadas definitivamente.
En este caso, las áreas involucradas serán la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, el Registro Civil y de la Capacidad de las Personas, la Dirección General de Cementerios, la Agencia de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Gestión Urbana.
Entre los trámites que pasaron a ser gratuitos está la habilitación de todo tipo de establecimientos que se gestionen a través de la AGC y que, en promedio, tiene un valor de $20.000.
También se eliminó el costo del arancel para realizar el examen del curso de manipulación higiénica de alimentos.
Por otra parte, fueron incluidos 13 trámites del rubro transporte de pasajeros, mayormente en lo referido a altas, renovaciones y bajas, de portadores de licencias, choferes y de vehículos taxis, remises, escolares y de fantasía.
El Registro Civil, en tanto, dejará de cobrar la solicitud de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, los que forman parte de los trámites con mayor demanda en la Ciudad, cuyo requerimiento subió 33% en 2022 comparado con años anteriores.
Por último, serán gratis una serie de trámites relacionados con las obras en construcción que se gestionan en el ámbito porteño.
"Con el objeto de eliminar costos a la actividad productiva y fomentar el desarrollo de la Ciudad, se quitará el costo de los derechos de estudio, análisis o localizaciones referidas al Código Urbanístico", dice el texto de la norma.
Y precisa, en este punto, que los trámites "que pasan a tener costo cero" serán "Solicitud de certificado urbanístico y Factibilidades urbanísticas, así como "todos los trámites de registro de instalaciones".
Al respecto, la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira argumentó el rechazo a la inclusión de este trámite al señalar que "parece una cargada" porque "estos certificados distorsionan los efectos nocivos del Código Urbanístico" que avalan la ola de construcciones en los barrios porteños.
