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miércoles 5 agosto 2020 652 Vistas

El Defensor del Pueblo de Avellaneda recurrió a la Auditoría General de la Nación contra Edesur


Daniel García sigue dando batalla a la distribuidora de energía, ante el incumplimiento de la prestación de servicios, con cortes barriales cada vez más recurrentes.


“Si bien el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, realizó innumerables reclamos ante la empresa Edesur S.A, cuyos trabajadores realizan lo imposible, pero tampoco ellos cuentas con los elementos necesarios para restablecer los cortes y solucionar los distintos inconvenientes; ha reclamado al ENRE, organismo de contralor; y ante la propia Secretaría de Energía, en el día de hoy, pidió la intervención de la Auditoria General de La Nación con la finalidad de que realicen una auditoría al Contrato de Concesión entre la empresa con el Estado para que analicen  términos y condiciones como se llevo a cabo en los últimos años el mismo. . Es necesario ver si la actuación de la empresa fue la correcta, si se realizaron las inversiones conforme a lo establecido, y   por supuesto si las erogaciones de los fondos públicos fueron las debidas”, señaló la Defensoría mediante un comunicado.

Explica que “la Auditoría general de la Nación es un órgano Constitucional independiente, con prestigio, con autonomía y autarquía funcional. Sus dictámenes tienden a asesorar al Congreso de la Nación sobre las actuaciones de los organismos públicos y realizar informes sobre las auditorías que llevan a cabo, sobre todo para verificar si los recursos de los fondos públicos se realizan conforme a derecho y de forma transparente”.

“Por ello -agrega el texto- el Defensor del Pueblo, Daniel García, considera que recurrir a la Auditoría General de la Nación es otra herramienta indispensable para analizar el Contrato de Concesión de Edesur S.A con el Estado, ya que las irregularidades y la conculcación de los derechos de nuestros vecinos fueron evidentes”.

“El Defensor insiste en realizar la auditoría, porque no es posible que, con concesiones turbias y espurias, se vulneren los derechos humanos de nuestros vecinos”, añade.

Finalmente, el parte de prensa explica que “si la Auditoría General de la Nación accede a realizar la auditoría, nuestro Congreso de la Nación tendrá la posibilidad con su informe de debatir, y ver si esta empresa fue abusiva o de una vez por todas reconocen el saqueo que han realizado al pueblo argentino y se dignan a rescindir el contrato”.

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