En su nota elevada al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, sostiene que "la consecuencia inmediata de la cuarentena fue que un gran número de ciudadanos viera afectados sus ingresos por la severa discontinuidad laboral y/o pérdida de sus ingresos, impactando directamente en el bienestar de sus hogares afectando notablemente el bienestar de sus hogares".
García agrega que "una vez más el Estado Nacional estuvo presente, llegó a esos sectores más vulnerables de nuestra sociedad, dictando el Decreto N° 310, mediante el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), medida que fue necesario prorrogar a lo largo del ASPO".
El ombudsman local agrega que "si bien, es cierto que desde el 9 de noviembre no rige más el ASPO, sino el Distanciamiento Social Preventivo, también es cierto que los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, aún no han podido reinsertarse en el mercado laboral, afectando notable y directamente el bienestar de sus hogares".
Por esa razón, García solicita a Cafiero "su intervención para que articulen las medidas legales y económicas necesarias, y se disponga, en forma excepcional, el pago de una nueva cuota del Ingreso Familiar de Emergencia, en beneficio de aquellas familias que se ven en una situación económica de extrema vulnerabilidad, a liquidarse en el mes de diciembre".
